La Alcaldía de Medellín anunció el inicio de la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados, una obra estratégica que busca aliviar el grave problema de hacinamiento en las estaciones de Policía, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Establecimiento Penitenciario El Pedregal. Este proyecto responde al cumplimiento de fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
Inversión y características del proyecto
La nueva cárcel representa una inversión de $675.000 millones y tendrá capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad. Se construirá bajo un modelo de alianza público-privada (APP), siendo el primer centro penitenciario del país desarrollado mediante esta figura.
Según el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, esta será una de las cárceles con mejores especificaciones técnicas y de seguridad del país. “Es una cárcel donde se garantiza la calidad del servicio, la seguridad, el uso de inhibidores de señal, y donde los sindicados no podrán seguir delinquiendo desde su interior, como sucede actualmente en otros centros”, afirmó.
El enfoque del proyecto prioriza la dignidad humana y la resocialización, por lo que contará con espacios para educación, salud, talleres productivos y programas de reintegración.
Impacto social y situación actual
El problema de hacinamiento en el Valle de Aburrá es crítico. Las estaciones de Policía, con una capacidad total para 778 personas, actualmente albergan a más de 2.000 privados de la libertad, lo que representa un hacinamiento superior al 180 %. Algunos casos ejemplifican la gravedad:
- Estación Candelaria: capacidad para 75 personas; actualmente tiene 309.
- SIJIN: capacidad para 20; hoy alberga 278.
- Estación Laureles: diseñada para 30; hoy hay más de 106 personas.
Con esta nueva cárcel, se espera descongestionar significativamente estas instalaciones y ofrecer condiciones dignas para los sindicados en Medellín.
Empleo, impacto local y componente ambiental
Durante su fase de construcción, el proyecto generará hasta 500 empleos locales y destinará $1.000 millones en compensación social para el corregimiento de San Cristóbal, donde se levantará la infraestructura.
En cuanto al componente ambiental, Corantioquia ya otorgó los permisos necesarios, incluyendo la autorización para una tala controlada y la implementación de medidas de compensación ecológica en 15,75 hectáreas, además de planes para el rescate de fauna y flora en la zona intervenida.
